WASHINGTON – Cuando Rafael Escalante revisó su teléfono durante un descanso de sus estudios en enero, no esperaba ver Caracas, Venezuela, envuelta en misiles. Al principio pensó que la precaria red eléctrica de la ciudad había causado el apagón esa noche, pero rápidamente se hizo evidente que Estados Unidos había organizado un ataque.
A medida que se revelaba más información sobre la operación, sintió un gran alivio.
“Toda esa emoción se desvaneció cuando el presidente Trump dio una conferencia de prensa. En ese momento empecé a preocuparme”, dijo Escalante, ciudadano venezolano que ahora reside en Estados Unidos. “Y entonces vi la rapidez con la que el régimen se acomodó”.
Escalante huyó del país en 2019 como refugiado, tras haber enfrentado peligros como miembro de un grupo de la oposición venezolana. Se mudó a Nueva Jersey y asiste a la Universidad de Rutgers, donde cursa el último año de ciencias políticas y políticas públicas.
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La Operación Resolución Absoluta expulsó a Nicolás Maduro del país a principios de enero. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia y ahora coopera con las exigencias estadounidenses. Los venezolanos de todo el mundo tienen opiniones encontradas sobre la intervención estadounidense, pero grupos de derechos humanos y activistas de todo Estados Unidos predicen un futuro más prometedor para Venezuela sin Maduro, aunque podría tardar un tiempo en lograrse.
A pesar de los desacuerdos políticos con el presidente Trump, su estrategia para neutralizar a Nicolás Maduro se ha considerado controvertida pero eficaz, a pesar de que el régimen en sí sigue en gran medida vigente.
‘Se dice que violó el derecho internacional para derrocar a Maduro”;, declaró María Mariale Márquez, activista venezolana en Miami. “Maduro había estado violando el derecho Internacional. ¿Qué se ha hecho” ?
Las investigaciones de la ONU han estado llegando a Venezuela sobre años para investigar la situación, pero activistas de todo el mundo expresaron su preocupación de que, a pesar de los informes de la ONU respecto a que Venezuela experimentaba una crisis humanitaria “grave“, la respuesta de la comunidad internacional había sido ineficaz.
“Yo era un firme defensor del derecho internacional”, dijo Escalante. “Y en Venezuela hicimos todo lo posible para promover una transición democrática. Desafortunadamente, ninguno de nuestros esfuerzos dio resultado, salvo cartas contundentes”.
Rafael Escalante se encuentra en las escaleras de la mansión Wood Lawn, sede del Instituto Eagleton de Política de la Universidad de Rutgers-New Brunswick. (Jeff Arban/Universidad de Rutgers)
La soberanía estatal es un principio fundamental de la ley internacional, y la destitución forzosa del líder de una nación claramente lo viola. Sin embargo, como ha sostenido el presidente Trump y muchos activistas, Nicolás Maduro no fue un líder elegido democráticamente. A pesar de que Maduro impidió a María Corina Machado, la popular líder de la oposición, presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, las evidencias mostraron que perdió y cometió un fraude electoral para aferrarse al poder.
“Eso creó un vacío en donde, lastimosamente, la única situación que se puedo presentar fue una donde también se rompieran todos los acuerdos internacionales y la legislación internacional del respeto al procedimiento” consideró Maria Marquez.
Márquez dirige INRAV, una organización dedicada a rastrear activos incautados por tribunales estadounidenses en casos de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos de los gobiernos de Chávez y Maduro, con el fin de reutilizar los fondos para invertirlos en el futuro del país. Hasta 2026, INRAV ha rastreado cerca de 5000 millones de dólares en fondos congelados por el gobierno de Estados Unidos en más de 50 casos judiciales, la mayoría de los cuales se han llevado a cabo en Florida. Sin embargo, la Operación Resolución Absoluta prácticamente no ha tenido impacto en la forma en que INRAV realiza sus operaciones, y los fondos no llegarán a la ciudadanía venezolana.
“Nosotros insistimos que estamos en un ambiente de debilidad institucional. No hay garantías de que los recursos se van a utilizar de manera transparente para el beneficio de la población”, dijo. “ Esa situación no ha cambiado con lo que ha ocurrido. Eso está igual”.
La misión principal del INRAV se mantiene, pero con nuevas preocupaciones a medida que las finanzas venezolanas quedan bajo el control de Estados Unidos.
En una audiencia en el Senado el mes pasado, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos planeaba iniciar una auditoría nacional sobre los 500 millones de dólares obtenidos recientemente por la venta de petróleo venezolano. Para ello, el gobierno estadounidense ha estado utilizando una cuenta temporal y vigilada en Catar para depositar los ingresos provenientes de las ventas de petróleo venezolano y evitar su embargo por parte de los acreedores. Estados Unidos informó sobre planes para realizar estrictas auditorías externas para garantizar que los fondos se utilicen para fines humanitarios aprobados. Si bien los ingresos iniciales se canalizaron a través de Catar, Estados Unidos esta transfiriendo estos fondos a cuentas controladas por el Tesoro estadounidense.
Márquez y INRAV monitorean estos fondos, que ya superan mil millones de dólares, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y su uso en beneficio del pueblo venezolano. La naturaleza de su trabajo no ha cambiado, solo su contexto político.
Sin embargo, Génesis Dávila ha utilizado las instituciones internacionales para dirigir Defiende Venezuela, una asesoría legal que ayuda a venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos, con el fin de presentar sus casos ante tribunales internacionales. Estos tribunales no han obtenido los resultados que ella desearía. Sin embargo, no pueden utilizar el sistema judicial venezolano, ya que es imposible llevar a cabo procesos legales significativos relacionados con las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No existe un sistema judicial independiente, incluso después de que Estados Unidos destituyó a Maduro.
Génesis Dávila interviene en 2023 en la Conferencia de las Jornadas de los Defensores, un encuentro de defensores de los derechos humanos organizado cada dos años por la organización internacional de derechos humanos Civil Rights Defenders. (Civil Rights Defenders)
“No existe una oportunidad real para las víctimas para obtener justicia dentro de Venezuela”, dijo Davila. “El sistema de justicia está cooptado por el régimen de Nicolás Maduro. Lejos de ayudarte, te pone en riesgo.”
Tras la toma de poder de Rodríguez, y a pesar de las garantías de Estados Unidos de que la situación estaba bajo control, no se había producido ningún cambio significativo en las instituciones claves venezolanas que permitiera justicia para sus ciudadanos. Aun asi, Márquez, Dávila y el secretario Rubio han reconocido que el gobierno venezolano se encontraba en una etapa de transición hacia la democracia.
“Como venezolano mi única preocupación es que no haya elecciones”, dijo Rodrigo Diamanti. “Pero no creo que la gente va a permitir que no se realicen”.
En 2009, Diamanti fundó Un Mundo Sin Mordanza, una ONG de derechos humanos que coordina actividades a nivel mundial y dentro de Venezuela, incluyendo protestas y campañas mediáticas. Ha sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela en el pasado. Entre sus demandas actuales al gobierno venezolano se encuentra la liberación de los presos políticos, además de garantizar que los venezolanos puedan votar en nuevas elecciones presidenciales.
“Las elecciones el año que viene son inevitables” dijo Diamanti, señalando que Trump y Rubio “no tienen forma de prevenir” la situación en Venezuela, ademas demasiado ocupados con otros asuntos extranjeros. “Están comprometidos con Venezuela”.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza, del activista venezolano de derechos humanos Rodrigo Diamanti, defiende los derechos humanos a través del arte y hace especial hincapié en la libertad de expresión. (Rodrigo Diamanti)
Pero no se ha indicado la duración prevista del período de transición, y tampoco la administración Trump ha dado indicios de cuándo podrían celebrarse elecciones. En enero, el presidente se reunió con María Corina Machado para hablar sobre eso, pero no ha habido una respuesta clara sobre cuándo serían los comicios, o si es una prioridad estadounidense. Algunos activistas temen que la democracia no sea posible mientras el régimen gobernante continúe controlando las instituciones políticas.
“Es como un monstruo con muchas cabezas” dijo Dávila, refiriéndose al gobierno venezolano. “La primera cabeza era Maduro, pero ya estamos viendo cómo, poco a poco, surgen otras”.
Legalmente, Rodríguez ha sido incriminada en varios casos de abuso de derechos humanos en Estados Unidos, etiquetada como “objetivo principal” por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y actualmente esta siendo investigada por Estados Unidos por lavado de dinero.
Según Márquez, incluso si Rodríguez fuera declarada inocente de estos cargos, ella sigue trabajando desde dentro del opresivo régimen venezolano desde 2013, ocupando diversos cargos, entre ellos el de Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Economía y Finanzas. “Quiere decir que, al menos, dejaste que ocurriera un delito”, dijo Márquez.
Durante años, Rodríguez fue una firme defensora del régimen chavista y ha expresado su rechazo a Estados Unidos. Muchos ahora ven un cambio de perspectiva, lo que ha afectado negativamente su apoyo por parte de la derecha venezolana y ha generado preocupación entre los activistas.
“Lo que veo es un nuevo gobierno venezolano que está del lado bueno de Estados Unidos y está tratando de consolidar su poder haciéndose aliado de la administración” Trump, dijo Escalante.
Aun así, el gobierno venezolano ha liberado a varios presos políticos, aunque no están completamente libres y siguen sujetos a libertad de expresión limitada y vigilancia. Márquez sospecha que están liberando a las personas lentamente deliberadamente para ocultar el número verdadero de prisioneros.
En medio de las preocupaciones, muchos venezolanos dentro y fuera del país sienten más esperanza en una futura democracia después del derrocamiento de Maduro.
“Si hay un gran momento para hacer activismo es ahora”, según Diamanti. “Tenemos preocupaciones, pero comparado a la situación de antes, es un sueño”.
Según Dávila, más personas están recurriendo a Defiende Venezuela para que sus casos sean discutidos y escuchados. “Muchas víctimas y familiares de víctimas me han escrito diciendo que ellos finalmente sienten que se está haciendo la justicia”; dijo.
Dávila espera que después de la transición, los venezolanos con los que ella y Defiende Venezuela trabajan puedan tener sus casos escuchados en suelo venezolano, en un sistema de justicia libre de corrupción.
Rafael Escalante no ha regresado a Venezuela desde que huyó, temiendo por su seguridad como activista de la oposición y como joven LGBTQ+. En Rutgers, ha estado activo en el campus y junto a “un grupo pequeño, pero poderoso de venezolanos” protestó el mes pasado contra el régimen venezolano frente a la prisión de Nueva York donde Maduro está detenido.
“Los venezolanos deben contar la historia de Venezuela”, sostiene Escalante.